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Una derrota sindical con alcance demostrativo

El paro de los choferes de colectivos de la ciudad de Córdoba fue inédito por su duración e intensidad. Los resultados fueron muy gravosos para la gran mayoría de los ciudadanos y catastróficos para los trabajadores del transporte, quienes no solo no consiguieron lo que reivindicaban, sino que más de ciento cincuenta de ellos quedaron inmersos en la tragedia personal y familiar del desempleo.

Más allá de este doloroso balance social, importa también reflexionar acerca de lo que significa este conflicto en términos socio-políticos. Por razones de espacio me ocuparé aquí de dos de las cuestiones que en este sentido considero más importantes: cómo se explica el resultado del conflicto y cuáles son las implicancias del mismo.

¿Por qué fracasó la huelga de un sindicato con tal poder de presión y por ende de negociación? Un factor muy importante fue sin duda el creciente y notorio aislamiento de los huelguistas, quienes prácticamente sin aliados ni gremiales ni políticos de peso, enfrentaban simultáneamente varios frentes. Al gobierno municipal (que luego de unos días de parálisis implementó un aceptable y cada día más eficaz servicio de emergencia), al gobierno nacional y al de la provincia (quienes hicieron el aporte clave de fuerzas de seguridad para proteger este servicio), a la dirigencia de la UTA nacional (particularmente en la figura del interventor del gremio local) y las empresas que iniciaron los despidos con el apoyo explícito del intendente.

Pero quizá el factor clave, sin el cual la estrategia de la Municipalidad y su frente con el gobierno provincial y los empresarios se hubiera desmembrado, fue el modo en que la gran mayoría de los ciudadanos, perjudicados por la huelga, reaccionó frente a la misma. Previsiblemente no apoyaron a los huelguistas, pero, menos previsiblemente, no descargaron su frustración sobre el gobierno municipal, sino que lo hicieron contra los choferes, al tiempo que conseguían sostener precariamente su cotidianeidad doméstica y laboral. Este comportamiento de la mayor parte de la ciudadanía fue esencial: no solo le dio aire social y político al intendente para desplegar su estrategia de endurecimiento, de recuperación del servicio y de articulación de alianzas, sino que puso a los huelguistas frente a una realidad que no habían imaginado, una ciudad que recobraba rasgos de normalidad en medio de un paro de transporte que, por esta "inédita" reacción social, comenzaba a hacerse insostenible a medida que pasaban los días.

El significado social, político y gremial del quiebre de este paro trasciende con mucho el ámbito de la ciudad de Córdoba y del sistema de transporte. Al tratarse de uno de los gremios con mayor poder de daño (y por ende de negociación), este resultado tiene un indudable efecto demostrativo sobre el resto de los gremios, particularmente los del sector público y servicios básicos. Marca también la existencia de una amplia tolerancia social para lidiar con los efectos de este tipo de medidas (algo que ya se había revelado con el paro de los maestros), lo que a su vez otorga a los gobiernos involucrados un amplio margen de maniobra para resistir los reclamos. Suma un importante caso testigo respecto de la viabilidad política de la estrategia salarial del gobierno nacional, explícitamente orientada a mejorar la "competitividad" y la productividad de la economía a través de una reducción de un costo laboral considerado demasiado elevado.

Finalmente, establece los límites del actual modelo sindical argentino (extremadamente fragmentado y carente de marcos institucionales y culturales que favorezcan la solidaridad inter-gremial) para resistir a una política salarial de este tipo, aun cuando como sucedió en Córdoba, las jefaturas sindicales sean sobrepasadas por bases más movilizadas y proclives a defender activamente sus derechos.

Por Marcelo Nazareno. Doctor en Ciencias Sociales, investigador y profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Director del Doctorado en Política y Gobierno de la UCC.