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Este 24 de marzo, se conmemorará un año más del inicio de un proceso que ha dejado profundas huellas de dolor, pero a la vez de enseñanza sobre nuestra historia reciente. De dolor, porque implicó un proceso de profundas heridas en miles de familias, fruto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto de la última dictadura y por los grupos políticos armados de esa época. Desde ya, con grados de responsabilidad marcadamente diferentes. Pero de ese proceso oscuro de nuestro país, también en esta fecha reflexionamos sobre lo ocurrido, para mirarnos como sociedad y tener en claro que es algo que “nunca más” debemos permitir.
La memoria, como proceso de resguardo de nuestros mejores y peores recuerdos, nos permite revivir aquellos hechos que nos marcan en nuestra vida personal y en comunidad. Es a través de la memoria que seguimos avanzando como sociedad en tener presente lo ocurrido en el pasado para ir construyendo paso a paso nuestro mejor futuro.
En estos cuatro decenios del inicio del golpe militar de 1976, es importante volver a reflexionar para encontrar la manera de sanar las heridas del pasado sin que ello implique un quebrantamiento sobre la búsqueda de la verdad y la justicia. Los procesos contra los máximos responsables de las juntas militares y los grupos armados en los años ochenta y el resurgimiento de los procesos judiciales de los jefes militares y de seguridad del país, sumado a cientos de responsables de menor jerarquía, han contribuido a esa búsqueda de verdad y justicia para preservar la memoria de lo ocurrido.
Pero una verdadera justicia y restitución de lo ocurrido, no puede quedar trunca en solo establecer las responsabilidades militares o policiales. La complicidad civil (tanto empresarial como judicial) fue un jalón de la cual el régimen militar de la última dictadura se valió para legitimar su ejercicio en el poder. Conocer la verdad sobre el accionar de estos grupos no debe ser entendido como la búsqueda de crear una “cacería de brujas” sobre cientos de argentinos que han tenido algún tipo de participación institucional o social en los años negros de nuestro país, sino de poder establecer cómo ese “mal absoluto” pudo perpetuarse en casi una década. La complicidad de grandes empresas que se enriquecieron exponencialmente a costa de la persecución de los propietarios de medianos y pequeñas empresas, so pretexto de ser financiadores de los grupos armados en el país, permitió la existencia de muchos de los actuales oligopólicos en el país. A ello se suma la complicidad de muchos jueces federales o provinciales que preferían mirar a un costado y denegar sistemáticamente habeas corpus o aceptar la fría expresión de las respuesta de los jefes militares “no se encuentra bajo disposición del PEN”.
Cada 24 de marzo nos debe llevar a recordar para construir espacios de diálogo, tolerancia y respeto por el adversario político. Que sea la disidencia democrática de las urnas la que determine la gobernabilidad de un país y no la violencia armada o de la intimidación verbal o física que hemos visto intentar resurgir en la última década fruto de no saber convivir entre ciudadanos “con memoria”.
Pero sobre todo, hoy debemos mantener la memoria entre las nuevas generaciones de argentinos que ven ese período como algo alejado a sus vivencias y; en particular con el desafío de un proceso de re-construcción de la memoria donde se puedan apreciar e indagar sobre las circunstancias y las acciones de todos los actores políticos y sociales de la Argentina de los setenta.
Por Christian G. Sommer, director del Instituto de Derechos Humanos de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
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