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Seguridad no es violencia policial

Foto: Gentileza de La Voz del Interior.

El modelo de seguridad desplegado por parte de la policía provincial, ha sido a lo largo de los últimos 10 años objeto de innumerables denuncias y controversias. Tal dispositivo se organiza a partir de la ley 9235 “Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba” aprobada en el año 2005. En su artículo 22, estipula como funciones la prevención y juzgamiento de las contravenciones y la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación cuando corresponda de acuerdo a la ley. En la misma redacción queda claramente expresa la primacía de acciones preventivas por encima de las funciones investigativas en la persecución del delito. Tal definición parece contrastar con el carácter cada vez más complejo del delito, lo cual exigiría una mayor capacitación y formación en los agentes policiales. En su defecto, el paradigma en vigor responde a una concepción que opera a partir de un supuesto –contrario al derecho vigente – en el que todos (ese “todos” es en realidad un eufemismo, pues afecta realmente a las personas de los sectores populares) “somos sospechosos”. De allí se justifica la imperiosa necesidad de incrementar el número de efectivos que desde el año 2007 han crecido en un 57,44 por ciento. En el año citado, el número era de 13.500 y en 2013 asciende a 23500. Al ser todos “potenciales contraventores o delincuentes”, se hace imprescindible un control sobre todo el territorio. Tal estrategia, implica un uso de recursos y acciones altamente inefectivas pues se dirige de modo indiscriminado sobre la población, vulnerando todos los derechos básicos. La vigilancia y el control masivos devienen instrumentos privilegiados, por sobre las tareas de investigación y acción directa sobre la delincuencia. En esta forma de entender la seguridad, inscriben todos los procedimientos que han sido objeto de impugnación por parte de la opinión pública: el incremento de detenciones por Código de Faltas, que pasaron de 27.000 en el año 2007 a 76.000 en el año 2013;  las “razzias” o lo que la prensa denominó “corralitos” que se llevaron a cabo ese mismo 2013 y que según nuestras investigaciones  del Colectivo de Investigación “El Llano en llamas”, arrojaron en los primeros 5 meses del año, un promedio de 191 personas detenidas por mes, en los 31 operativos que pudieron relevarse. Los sucesos del último fin de semana son consonantes con esta línea, pues según pudo observarse en barrios cordobeses como Argüello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa El Libertador, Müller, Villa El Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marqués Anexo, Yapeyú y Güemes, entre otros, la estrategia consistió en la saturación espacial con 1500 efectivos y detenciones masivas –incluso se  denuncian allanamientos sin orden judicial- que arrojaron alrededor de 1000 personas detenidas, que inmediatamente se hacen públicas como “unas 350”, de las cuales 345 no cometieron ningún delito tipificado por el Código Penal. Estos entre otros incontables hechos como: los casos resonantes sin esclarecimiento, abuso policial y gatillo fácil, corrupción policial, etc., reflejan el descrédito e ineficacia de la fuerza policial y de la  política de seguridad a nivel local y provincial.

Nuestro rechazo de este modo de entender y accionar en materia de seguridad, se funda en los siguientes criterios: 1) En la necesidad de contener el delito se justifica una violencia institucional que viola derechos civiles y humanos básicos. Al exceptuarse del cumplimiento de la ley por parte de sus guardianes; se inicia una escalada de violencia y corrupción policial de la que ya nadie puede sustraerse y permanecer ajeno; 2) La supuesta prevención policial se reduce a una hostilidad anti-popular que restringe el espacio público, limita y empobrece la vida de todos; 3) La insistencia de los esfuerzos aparentes que implican los operativos policiales, apenas disimulan su ineficacia. Cientos de violaciones institucionales de las libertades civiles; para unos pocos detenidos con antecedentes. 4) Sostener esta política de seguridad, muestra por parte de los responsables políticos la escasa capacidad de autocrítica e imaginación para definir caminos alternativos. 5) Seguir insistiendo en la profundización de esta política, muestra con toda claridad el fracaso de los gobiernos para generar y construir un complejo de oportunidades y alternativas, que permitan la inscripción de los sujetos en la vida colectiva.

Hablar de seguridad, no supone sólo atender a cuestiones de delito y criminalidad, sino a la capacidad de Gobiernos de generar espacios de inscripción y valoración de los sujetos. Seguir con la política de hostigamiento a los sectores empobrecidos, no hará más que radicalizar la violencia, y las formas de exclusión y des-institucionalización que ya se ven en marcha. 

Por María Alejandra Ciuffolini.
Directora del Colectivo de Investigación “El Llano en Llamas”.