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Parches o reforma electoral

El gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral con el que se pretenden varias cuestiones. Por un lado, se propone crear un ente autárquico que asuma las funciones que hasta ahora cumple la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Por otra parte, establecería para las elecciones nacionales la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Resistencia. Además, unificarían las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales.

Con esto se pretende resolver algunos de los problemas que hubo en las últimas elecciones, lo que, para mí, no es propiamente una reforma electoral.

A mi modo de ver, es acertado que la Dirección Nacional Electoral no dependa de un ministerio, para que no sea manipulada por el gobierno. Pero la solución no es crear un ente autárquico, como el costoso Instituto Nacional Electoral de México, que hace un año reemplazó al Instituto Federal Electoral que existía desde 1990; sino hacerla depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, y controlada por la Cámara Nacional Electoral,  siguiendo la tradición argentina y el ejemplo de Brasil. Poner, de esta manera, la dirección y el presupuesto electoral bajo la dirección de jueces, es la mejor garantía de imparcialidad.

Boleta o urna electrónica

La adopción de la Boleta Única Electrónica, de la empresa privada Grupo MSA (Vot.ar), significa que dicha boleta deberá ser introducida por el que sufraga a una máquina sin memoria, que es solo selectora, lectora e impresora; lo que significaría dar sólo un medio paso entre la boleta única de papel, usada en Córdoba y Santa Fe, o la múltiple empleada en las demás provincias, y la urna electrónica (sin boleta), que deberíamos adoptar, por ser la tecnología más moderna y eficaz, empleada por las democracias más pobladas del mundo (India, Brasil y la mayoría de condados de EEUU).

Las urnas electrónicas en Brasil, donde no hay boletas, ya son biométricas porque permiten identificar a los votantes por sus huellas digitales (sin exhibir documentos de identidad), y, al marcar el voto, se puede incluso expresar la preferencia por algunos candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas, como estas, es lo que nuestro país debería adoptar. A ello habría que agregarle el voto por correo para que lo utilicen los que no puedan concurrir el día de los comicios, los discapacitados o los presos.

Además, hay que reemplazar a la muy costosa empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es necesario intentar que el Estado se haga cargo de este trabajo, en forma electrónica, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería los resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de boletas, trasladar certificados y urnas. El software no debería pertenecer a una empresa privada, como lo es ahora, sino al Estado, como ocurre en Brasil.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, a la que podrán adherir las provincias y los municipios. Pero también habría que tratar de terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, y con los sistemas electorales tramposos; como el de las listas "colectoras", la "ley de lemas y sublemas", la "sumatoria de votos", o  de "acople", como el empleado en las últimas y escandalosas elecciones de Tucumán, donde había registrados 503 partidos políticos y se presentaron 25.467 candidatos.

Pero lo más grave, y de esto no se habla, es el incumplimiento de la Constitución cuando establece que después de cada censo debe actualizarse el número de diputados en proporción a la población que tienen los 24 distritos del país (Art. 54),  lo que no se hizo después de los últimos tres censos. Por esta omisión Córdoba tiene 18 diputados nacionales, a pesar que su población es mayor que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.

Poner al día la cantidad de diputados beneficiará, es cierto, a la provincia de Buenos Aires por el explosivo crecimiento de su población, pero esta desmesura, facilitada por los subsidios y privilegios que el Gobierno Federal le concede al conurbano bonaerense financiado con tributos que pagamos todos los argentinos;  no se castiga con reducirle el número de representantes, sino suprimiéndole esos privilegios. Además, el mínimo vigente de cinco diputados por provincia —no previsto en la Constitución— es más que suficiente para compensar el aumento de diputados en los distritos más poblados.

Si queremos un sistema electoral moderno, eficiente y trasparente no hay que parchar, sino resolver los problemas de fondo, aunque lleve un tiempo concretarlo, para que el pueblo vuelva a sentirse bien representado.

Por Jorge Horacio Gentile, profesor emérito de la UNC, catedrático de la UCC y exdiputado de la Nación.