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La democracia en la ciudad

Por la Mgter. Pamela Cáceres
Decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Las ciudades históricamente han sido espacios políticos o los espacios de la política. Desde la polis griega a los townships de Nueva Inglaterra que tanto asombraron a Tocqueville en su paso por América. “El municipio es la única asociación tan identificada con la naturaleza, que donde hay hombres reunidos se forma espontáneamente un municipio. La sociedad municipal existe, pues, en todos los pueblos, cualesquiera que sean sus usos y sus leyes. Es el hombre es quien hace los reinos y crea las Repúblicas; el municipio parece salir directamente de las manos de Dios” (Tocqueville, 1986:58) sostenía el pensador francés, expresando las ventajas de las comunas en la realización de los principios democráticos.

En consonancia con estas ideas mucho se dijo y se dice sobre el potencial de los gobiernos locales para dotar de mayor densidad y virtud a la vida en democracia. En los años 90, en el marco de las políticas de descentralización, las proclamadas “nuevas agendas locales” parecían restituir la dimensión política original a estas instancias gubernamentales, superando de esta manera el injusto papel administrativo de “gestores del alumbrado, barrido y limpieza” al que durante la vigencia del Estado centralizado se las había restringido. Se sostuvo así que,  por el contrario, los municipios debían asumir un papel fundamental en la definición del rumbo del desarrollo, en la inclusión social y en la potenciación de la democracia. Su protagonismo en una nueva gobernanza.

Sin embargo, más allá de estos cambios de paradigma y del profundo crecimiento y complejización que han experimentado las ciudades argentinas en general y Córdoba capital en particular, el devenir y las prácticas políticas parecen haber tomado el rumbo contrario. La ciudad de Córdoba en los últimos 10 años ha tenido y proyecta tener una expansión de la mancha urbana sin precedentes. Durante la actual gestión municipal se aprobaron 17 convenios urbanísticos que representan unas  1600 hectáreas del ejido municipal, en la mayor parte de las cuales se cambió su uso de industrial o rural a residencial y casi todos fuera de la mancha urbana consolidada. Estas decisiones impondrán condiciones estructurales al desarrollo urbano, porque afectan no sólo los servicios y la infraestructura, sino también la sustentabilidad y la cohesión social. La ciudad se desarrolla pero ese desarrollo y sus características (generalmente marcadas por la fragmentación, la segregación, la exclusión y sus consecuentes efectos) no parecen ser el resultado de un proyecto deliberada y participativamente construido sobre un consenso amplio e inclusivo. El gobierno de la ciudad desde hace más de una década ha intentado dar respuesta al permanente déficit en materia de obras y servicios públicos. Campañas electorales y gestiones se suceden con el mismo desafío y la misma retórica de promesas expresadas en metros y cantidades de luminarias, asfalto, colectivos, cloacas, etc. pero en simultáneo la “política” de desarrollo, e sustentabilidad ambiental, de inclusión social; está ausente.

La campaña electoral que acaba de concluir continuó la tradición. Casualmente los candidatos que le hicieron honor también fueron quienes ya gobernaron. Quienes aprovecharon las debilidades institucionales como la falta de transparencia y credibilidad, son los que se plantearon -una vez más- como la nueva política. Pero la discusión en torno a políticas públicas, al gobierno y la articulación de intereses en torno a un proyecto de ciudad estuvo ausente una vez más. Hay quienes sostienen que la culpa, en última instancia, es de la ciudadanía que no espera más que la solución del bache frente a su casa.

Con la reelección del actual intendente en diciembre comienza una nueva etapa y la pregunta es cómo revertir la tradición. Cómo innovar. Evidentemente el problema y la solución residen, ambos, en el papel que decida asumir el gobierno, las fuerzas de la oposición en el Concejo Deliberante y la ciudadanía, y las distintas instituciones de la ciudad. No se trata sólo de capacidades técnicas, sino principalmente de capacidades y definiciones políticas para definir consensuadamente un rumbo y generar las condiciones para poder transitar en esa dirección. Para que ello ocurra será necesario, además de enfoques y voluntad políticos nuevos, reformas institucionales acordes a los mismos y que, a la vez, faciliten nuevas prácticas.

Un ejemplo de ello es la actual “cláusula de gobernabilidad” que ata la elección del Ejecutivo con la del Legislativo otorgándole la mayoría automática en el Concejo a quien sale primero en la elección (sin importar el porcentaje de los votos), generando importantes distorsiones en la representación y favoreciendo la ausencia de debates, rendición de cuentas y construcción de consensos en el ámbito deliberativo por excelencia que es el Concejo de la ciudad. Las ordenanzas se aprueban sólo con los votos del oficialismo, aun mediando argumentos sólidos por parte del resto de los bloques, y se instituye así un mecanismo de toma de decisiones -en muchos casos fundamentales porque afectan a las generaciones actuales y futuras- que atentan contra el potencial de la democracia, no sólo como fina sino como medio, como práctica política que posibilita políticas públicas sustentables e inclusivas.

Hoy existen cuestiones institucionales, como por ejemplo el Plan de Metas de gobierno, que refieren al modo en que se toman las decisiones, a la apertura, la participación y la transparencia que son fundamentales para  instalar “un modo de hacer” diferente. El intendente reelecto en su primer discurso hizo referencia a una “convocatoria amplia” para enfrentar los desafíos que presenta la ciudad en los próximos años. Ojalá que este llamamiento sea parte de este giro tan necesario, y que desde el otro lado, oposición y ciudadanía también estemos a la altura de las circunstancias. Por nuestra ciudad, por la que podamos construir entre todos.