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Cuanto más hacés, más sabés.

A partir del rediseño de los planes de estudio de las carreras de Abogacía y Notariado (que han comenzado a regir a partir del año pasado), nuestra Facultad responde a las exigencias de formación académica que se imponen actualmente.

Es por eso que, entre otras cosas, se le ha dado gran importancia a la capacitación práctica basada en la vivencia de la experimentación y el entrenamiento preprofesional.

Por un lado, se incluyó un alto porcentaje de horas prácticas de cursado, diversificando y asignando espacios de esa naturaleza en algunas asignaturas, e incrementando las materias procesales. Además, se mantuvieron y agregaron otras específicas como Práctica Profesional Civil; Práctica Profesional Penal; Consultorio o Clínica Jurídica; Técnicas de Litigación Oral y Oratoria.

Pero es a través de la Práctica Preprofesional Supervisada -incluida en la currícula como obligatoria- que la posibilidad del aprendizaje se maximiza, a partir del acceso de los estudiantes a los ámbitos institucionales o privados en los que se ejerce la Abogacía o el Notariado.

Es por eso que en los últimos meses, nuestra Universidad ha firmado diversos convenios, procurando conformar un menú de alternativas que ofrezca a nuestros estudiantes las mejores oportunidades para llevar adelante estas prácticas. Entre ellos, están los convenios con el Poder Judicial de la Provincia (a través de la Escuela de Capacitación Ricardo C. Núñez); con el Poder Judicial de la Nación (a través de la Cámara Federal de Apelaciones de esta Ciudad); con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia (en el recientemente creado Polo Integral de Lucha contra la Violencia contra la Mujer) y también con el Poder Legislativo de la Provincia. Además, se encuentran a punto de formalizar otros convenios con los ministerios de Finanzas; de Industria y Comercio; y de Trabajo de la Provincia, y con empresas privadas y estudios jurídicos y notariales de renombre, cuyos titulares han egresado de nuestra Facultad.

Estas estancias académicas de aprendizaje, implicarán la asistencia de los estudiantes durante un lapso de 90 horas en un semestre (seis horas semanales), en el ámbito de la oficina, dependencia o tribunal donde se desarrollan tareas que demandan conocimientos técnicos, y que se encuentran a cargo de letrados o notarios. Estos, o los responsables de cada espacio, son quienes orientan e ilustran a los estudiantes en las actividades que allí se realizan. Todo este trabajo es monitoreado por docentes de nuestra Facultad.

La experiencia facilita que los estudiantes, antes de su egreso, se impongan y tomen conciencia de la problemática real que normalmente demanda la actuación profesional del abogado y el notario. Pero también ayuda cumplir con otro de los objetivos de formación de nuestra Universidad que es el de despertar su sensibilidad por las necesidades (a veces, las más elementales) de quienes acuden por atención profesional.

De esa manera, se aspira a alentar la participación de nuestros estudiantes en actividades y programas de proyección social, hoy incluidas como condición de egreso.

Estamos convencidos que estas oportunidades contribuirán a un mejor nivel de capacitación de los futuros profesionales de las ciencias jurídicas y operadores judiciales que se desempeñarán en nuestro medio, en lo que Córdoba exhibe un nivel y tradición que nos enorgullece.

Por Carlos Ferrer. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.