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Francisco, funcionario en la Corte Penal Internacional
Publicado el 25/07/2022 en Noticias UCC
Francisco González Centeno es internacionalista egresado de nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Actualmente es funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) en República Centroafricana. Vive en un complejo diplomático en Bangui, la capital del país. Cada seis semanas puede visitar a su pareja y familia política, que están en Suecia. Debido a restricciones de seguridad de Naciones Unidas, en las que se enmarcan las operaciones de la CPI, solo puede circular en auto con chapa diplomática. En el país hay toque de queda por la noche y estado de emergencia nacional desde hace más de un año y medio. En esta nota nos cuenta detalles sobre su trabajo y su día a día.
Concretamente ¿Cuál es tu rol actualmente y qué demanda de vos?
Actualmente soy funcionario de la CPI en República Centroafricana, a cargo de la información pública. Mi trabajo consiste en promover el acceso a la justicia a través de la disponibilidad de la información hacia las comunidades afectadas por los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Ello incluye las comunidades de víctimas, pero también las de sospechosos, reforzando el impacto de la justicia sobre la reconciliación. Mis interlocutores incluyen, además, la comunidad diplomática internacional y todo el Sistema de Naciones Unidas, las autoridades nacionales, ONGs internacionales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas y periodistas.
¿Cómo es un día común de tu vida hoy? ¿Qué implica vivir en República Centroafricana?
República Centroafricana es un país rico en recursos de explotación como oro, petróleo, uranio y diamantes, pero muy pobre en términos de distribución de la renta. Se independizó de Francia en 1960. Desde 2013 el país se encuentra envuelto en una crisis de guerra civil, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, desplazamientos internos, refugiados, grupos armados y mercenarios extranjeros. Pero lo más importante es que intenta recuperarse.
Vivo en un complejo diplomático en Bangui, la capital del país. Desde mi ventana en el piso trece veo correr el río Oubangui, que separa el país de la República Democrática del Congo. Cada seis semanas puedo ir a visitar a mi pareja y familia política, que están en Suecia. El resto de mi familia sigue en Argentina, repartida entre Buenos Aires y Córdoba. Debido a restricciones de seguridad de Naciones Unidas, en las que se enmarcan las operaciones de la CPI, no puedo caminar por la calle. Lo hago en auto con chapa diplomática, pero sin credenciales referidas a la Corte o Naciones Unidas, en razón del bajo perfil que procuramos mantener en el país. Hay toque de queda por la noche y estado de emergencia nacional desde hace más de un año y medio.
La actividad judicial de la CPI en República Centroafricana es muy intensa. Ya son cuatro los sospechosos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Centro de Detención de La Haya: Yekatom y Ngaïssona, en juicio desde febrero de 2021; Saïd, cuyo juicio comenzará en septiembre de este año; y Mokom, que fue arrestado en Chad en marzo de este año. La actividad de la Corte en el país reafirma la demanda de información cada vez más grande por parte de la población sobre la justicia penal internacional y sus actividades. Sin información sobre el funcionamiento de la justicia, la población no tiene acceso a ella y así se vuelve inefectiva, inhibiendo su efecto reconciliatorio y disuasivo.
¿Cómo se desarrolló tu carrera y cómo llegaste hasta la Corte Penal Internacional?
Desde la UCC en adelante, mi perfil profesional se fue orientando hacia la justicia, el estado de Derecho y la aplicación de la Ley. Recién recibido de la UCC, empecé a trabajar como funcionario de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en la Vocalía del doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Con él trabajé once años y es allí donde consolidé y capitalicé mi conocimiento sobre la justicia y el derecho que traía de la UCC. Luego terminé un Master in Science en Sociología especializado en justicia transicional en la London School of Economics and Political Science (LSE).
Allí tuve como profesores a autores que conocí y que admiro gracias a mi paso por la UCC. Luego del posgrado, trabajé como especialista en tráfico ilícito de bienes culturales para la UNESCO. Desde 2019 soy funcionario de la CPI.
¿Cuáles son tus perspectivas a futuro?
Mi área de especialización se ha desarrollado en el sector público y en la diplomacia, primero como funcionario nacional y luego como funcionario internacional en el ámbito de Naciones Unidas. Pienso y quiero seguir creciendo en ambos ámbitos, la justicia y el funcionariado internacional, especialmente luego de una experiencia en el terreno como la actual, donde veo día a día el impacto del mandato de organismos internacionales y de Naciones Unidas.
¿Qué podrías destacar de tu paso por la UCC?
La UCC es una institución abierta, plural y crítica, que promueve herramientas para comprender la complejidad del contexto social a nivel global y local, especialmente la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El contenido pluridimensional de la currícula de ambas carreras (la Licenciatura en Ciencia Política y la Licenciatura en Relaciones Internacionales), y la diversidad en pensamiento de su equipo académico permiten resignificar el mundo social y político a través de diferentes prismas. La importancia que le dan a la epistemología, a las formas de construir conocimiento sobre la realidad de manera científica a través de un método, se condice con la afirmación de que "a verdad nos hará libres" (Veritas liberabit vos). El rigor científico de la Universidad y la excelencia académica de su equipo promueven de manera paralela la curiosidad de su alumnado. Tal fue mi caso.
La justicia transicional y el caso argentino
La justicia transicional es el abordaje de las violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos con el objetivo de crear o mejorar las oportunidades para la transformación de las condiciones que pueden haber sido la raíz de esas violaciones, reforzando las posibilidades de paz, democracia y reconciliación. Es una justicia adaptada a las condiciones únicas de sociedades en proceso de transformación. Los procesos de justicia transicional han demostrado repetidamente que pueden ayudar a solucionar conflictos y divisiones sociales, ya que permiten conectar, empoderar y transformar sociedades y contribuir así a una paz duradera.
El campo de estudios surgió por primera vez a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, principalmente en respuesta a las transiciones políticas que tuvieron lugar en América Latina y Europa del Este y los reclamos de justicia durante esas transiciones. Estas experiencias habían sido informadas por los Juicios de Nuremberg y Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial, y complementadas por la creación de tribunales penales internacionales y otras instituciones, como los Tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda, o la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en Sudáfrica. Dado que estos cambios fueron considerados en la mayoría de los casos como transiciones a la democracia, se comenzó a llamar de esta forma a este nuevo campo multidisciplinario. La justicia transicional y las medidas que se adoptaron incluyeron enjuiciamientos, el Derecho a la Verdad, la apertura de archivos públicos, el establecimiento de comisiones de la verdad, y la creación de programas de reparación a las víctimas. El caso argentino resulta paradigmático e ilustrativo. La justicia transicional reconoce que para hacer frente a la violencia sistemática se requiere un enfoque distintivo que mire tanto hacia atrás como hacia adelante, y ese es su componente transicional. El campo de estudios reúne una gama de diferentes enfoques teóricos y de disciplinas que trascienden al derecho, como la ciencia política, la sociología, la filosofía o la psicología.
A medida que el campo se ha expandido y diversificado, ha ganado un importante fundamento en el Derecho Internacional. La creación de la CPI en 1998 es significativa, ya que el estatuto de la Corte consagra obligaciones estatales de vital importancia para la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos de las víctimas.
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