Studia Politicae

Gustavo Morello S.J.

20 años de democracia
Teología y praxis socio - política de la Iglesia de Córdoba
1983 - 2003

Introducción
Creo que es importante, para comprender el comportamiento del actor eclesiástico, distinguir por lo menos dos etapas de la historia: la democratización (del ’83 hasta el ’90: con el primer recambio entre presidentes democráticos desde 1928) y la neoliberalización (desde los ’90 hasta nuestros días, con el proceso de reforma del Estado y la inserción en la globalización y el “pensamiento único”).
Esta periodización tiene que ver con la consolidación de la democracia y el surgimiento del nuevo modelo. Hacia 1990 ya se había afirmado el sistema con el recambio de Menem por Alfonsín. La crisis hiperinflacionaria no terminó en un golpe militar, sino en la asunción anticipada de un presidente ya elegido. Inclusive en la hipótesis de “golpe de los mercados”, se podría leer que el poder económico se adecuo al sistema de democracia de partidos y dejó de apoyarse en el Ejército como instrumento para ejercer poder. El recambio fue la aceptación de la formalidad democrática como modo de acceder al gobierno.
Esta primera década a analizar, empezaría un poco antes del 83 en la Iglesia argentina y cordobesa, más precisamente en el año 1981, con el documento del Episcopado Argentino llamado Iglesia y comunidad nacional[i]. Este documento sienta las bases sobre las que se apoyaran las intervenciones de los obispos en general, y el de Córdoba en especial, en la década que hemos caracterizado como la de la restauración de la democracia. Durante todo este período, la Arquidiócesis de Córdoba estuvo gobernada por el Cardenal Primatesta, quien había asumido el cargo a mediados de los ’60[ii].
La segunda década, desde 1990 hasta nuestros días, está marcada por la Reforma del Estado a nivel nacional y la Ley de Convertibilidad. En esta década asistimos a la reforma constitucional de la Nación, y al cambio de mando en la Arquidiócesis, con la asunción de Carlos Ñañez, en marzo de 1999. En ese mismo año, en julio cambió el gobernador y en diciembre el presidente. En ambos casos, no solo la persona sino el partido de gobierno. El cierre de esta etapa se produce con la caída de De la Rúa en diciembre de 2001, y la crisis socio – institucional que, de algún modo, concluyó en la última jornada electoral de diciembre de 2003.
 
La Iglesia mantendrá constante algunas actitudes, pero modificará otras. A nuestro entender porque la demanda social no será la misma en esos períodos. En una primera etapa, la de la consolidación de la democracia, la sociedad tuvo un reclamo de verdad y justicia por el pasado, y de evitar el regreso de un “Estado totalitario”. En la segunda etapa, la de la neoliberalización, la demanda social se volcará primero a los excluidos del sistema y después cuestionará la legitimidad del sistema mismo, criticando la reforma del Estado como el surgimiento de un “Estado desertor”.
La pregunta fundamental del trabajo es en función de qué se toman las decisiones que se toman, qué hay detrás de las decisiones eclesiales, cuáles son los parámetros, en qué se basan los hombres de iglesia para decidir lo que deciden. Metodológicamente, hemos tratado de seguir las explicaciones que dio el propio actor social a través de documentos y de entrevistas personales con algunas personas claves. Asumimos en este sentido el paradigma hermenéutico como marco teórico de investigación social. En ambos períodos de tiempo intentaremos descubrir cual es la concepción socio teológica desde donde se lee la realidad, desde que idea y concepción eclesial se mide, y que rol se asume desde esa posición. Avanzaremos luego en la praxis pastoral, social y política que se hace en función de ese pensamiento, intentando ver que dicen las acciones sobre los actores.
 
De 1981 1989
1. Teología
El documento Iglesia y comunidad nacional[iii] propone un ideal de sociedad, que será la medida, el criterio que se utilizará para juzgar las situaciones concretas que se vivirán a lo largo de la década.
En este documento se caracterizará la situación como “crisis moral”; la crisis de autoridad, crisis del estado de derecho, surge porque no hay voluntad de someterse al imperio de la ley justa y de la autoridad legítima. Se olvidó que el acatamiento a la ley es para todos, incluso para los que poseen la fuerza económica, militar, social. La hipótesis que se maneja es que la autoridad se ha desarraigado de su origen último que es Dios.
Los obispos afirman que una nación, para ser comunidad, debe favorecer la integridad moral de sus ciudadanos, porque todo obrar personal tiene repercusión comunitaria. En este sentido, no basta la distribución de bienes de manera positiva; sino que es preciso que se produzca el movimiento de comunicación de los propios valores a los demás.
La primera comunidad humana es la familia. A la familia le siguen, en esta concepción de la sociedad como círculos concéntricos, las asociaciones intermedias. Estas asociaciones son núcleos humanos ligados por la prosecución de un bien común particular: municipios, sociedades vecinales, partidos políticos. Se considera que las comunidades intermedias ayudan a desarrollar los grandes hábitos de solidaridad, de comunión y participación. El bien común, que tiene un carácter histórico y dinámico, necesita ser reformulado por la comunidad. Esto implica un mínimo de valores en común entre los miembros de la comunidad nacional. Dentro de un pluralismo que no elimine libertades, la comunidad debe acordar una base de unidad en su convivencia espiritual. El fin del estado es lograr el “bien común”, el bien de las personas. En ningún caso se podrá asociar “bien común” con el bien de los organismos de la autoridad pública, y mucho menos con sus riquezas. Sólo es bien común lo que es participado por el pueblo. El Estado debe intervenir o no en la actividad privada según lo exija el provecho de los ciudadanos.
La soberanía del pueblo es el derecho del mismo a ser artífice de su propio destino y soberano de su propia suerte. Esta soberanía legitima la constitución del Estado y su ordenamiento jurídico. El pueblo es el sujeto primero de la autoridad y el fundamento de las leyes. Los derechos humanos fundamentales son la libertad de expresión política y religiosa. La prioridad de la democracia es la persona humana sobre el estado. Proyectada hacia fuera, es la soberanía nacional.
Los ciudadanos deben sentir la responsabilidad de ser protagonista de su propio destino, según la condición de cada uno. La mayoría tiene el derecho de gobernar y decidir el rumbo político de la Nación, y la o las minorías tienen el derecho de disentir con ese rumbo y proponer caminos alternativos. La separación y el equilibrio de los poderes es, para Iglesia y comunidad nacional, un elemento fundamental. Se insiste en la importancia de la periodicidad de los mandatos públicos y la amplia publicidad de los actos de gobierno. Los partidos políticos deben ser forma de expresar las diversas ideologías y opciones, y no ser meras empresas electorales.
Se enfatiza la concepción de la economía como un instrumento social: la economía es viable si es para el hombre. La economía no puede estar dirigida por un consumo enfermo o por la dinamización exclusiva del capital. El derecho a la educación no queda garantizado con la mera enunciación. Tampoco queda garantizado si se descuida la formación religiosa, ya que eso es parte integral del ser humano. Esto significa el rechazo a cualquier intento de imponer las convicciones propias a otro.
La iglesia ilumina a la sociedad con el Evangelio, respetando la autonomía de las realidades terrenas. Por su parte, se exige al estado la no intervención en la vida cristiana de sus ciudadanos. Se fundamenta la intervención de la iglesia en lo social porque la evangelización del país está ligada a su acontecer histórico, al curso y destino del pueblo. En esta comunidad, la misión de la iglesia no es política, la legítima “sana laicidad” del Estado es uno de los principios de la doctrina católica. De la tarea evangelizadora surgen consecuencias para toda la sociedad. Pero al ser el orden espiritual diferente del temporal, la iglesia no busca acomodarse con el poder, ni siquiera con el fin de predicar el Evangelio. Lo único que pide, según el documento de 1981, es respeto por la misión de predicar el mensaje cristiano.
La iglesia como institución, no entra en la conducción política o económica. Es distinto lo que hace un católico personalmente, siguiendo sus convicciones evangélicas en el medio político; que lo que hace la iglesia en común. Los laicos deben adaptar el Evangelio a la realidad, sin identificar la doctrina eclesiástica con un sector político. Los que se sientan capacitados, tienen que intervenir en los puestos de responsabilidad. Para ello es posible que necesiten asociarse con otros hombres de buena voluntad.
Para terminar con este ideario político, podemos agregar lo que se afirma en el documento de la Conferencia Episcopal Democracia, responsabilidad, esperanza[iv] . Allí se sostiene que el estado de derecho es el modo normal de nuestra convivencia política, y que la misión de la iglesia es iluminar los caminos que ayuden dicha convivencia. Los caminos que sugiere el Evangelio, si bien no son políticas concretas, son caminos que fomentan y hacen crecer en nosotros las actitudes solidarias, esto es, considerar a los otros como personas[v].
 
2. Praxis
2.1. Política
La preocupación fundamental de la iglesia de Córdoba en esta etapa fue la de consolidar la democracia sobre la reconciliación nacional. Si bien el perdón se basa en el amor y la libertad, solo perdura si se la construye sobre la justicia. Esto implica restituir el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos[vi], crear espacios de diálogo entre los diversos grupos políticos y sociales. Esta preocupación aparece en diferentes documentos de la década los cuales fundamentan la democracia en una actitud de perdón, que no significa impunidad, y exige a quienes hayan delinquido reconocer sus errores y la decisión de no hacerlo más[vii]. Si bien se considera al cordobés un pueblo cristiano, se reconoce la división sufrida en los años pasados. Para el Cardenal Primatesta, esos años fueron duros, de disolución, de desestima de la vida, de desprecio de la justicia, de los derechos humanos, de la paz y del orden[viii].
Los obispos se quejan por los ataques que la iglesia recibe respecto a sus actitudes en la década anterior. Según ellos, parecen borrar lo que se hizo por la reconquista de la democracia[ix]. No se trata de echar culpas, sino de buscar soluciones mediante un diálogo sincero y perseverante[x]. En todo caso, la iglesia siempre procuró actuar según la conciencia pastoral, aunque puede haberse equivocado.
Mucha de la prédica de esta década estuvo centrada en la construcción de la democracia y su defensa. Este es el camino de la convivencia pacífica y legal en Argentina, porque en esta forma de gobierno resuena el Evangelio: igualdad entre los hombres, lucha por la verdad, la justicia, la libertad y la amistad social[xi]. También se marca la imposibilidad de un verdadero gobierno del pueblo sin una economía sana, sin una distribución justa[xii], sin justicia social. La inflación y la deuda son amenazas al sistema democrático[xiii].Sin embargo, lo que más preocupa en esta década es la relación del ejército con la sociedad. Desde la vuelta de la democracia se ha creado un clima de respeto institucional importante, por eso preocupan las acusaciones públicas, carentes de fundamento hechas contra diversos sectores, especialmente las Fuerzas Armadas. Todas las asociaciones intermedias han de sentirse respetadas en sus derechos y funciones[xiv]. No habrá democracia que se sostenga si se construye sobre la humillación de un sector social. Es curioso como ubica la jerarquía eclesiástica a las Fuerzas Armadas en el Estado: son un sector social, un grupo a tener en cuenta, y no el Estado mismo. Mientras las FFAA son la imagen más nítida de la “monopolización de la violencia” que caracteriza al Estado moderno, en la concepción eclesiástica son un sector de la sociedad civil.
No se puede confundir esta defensa de la institución militar con una identificación acrítica con los intereses militares. La Iglesia cierra filas con el resto de la sociedad cuando ocurren las asonadas militares de Rico y Seineldín. La democracia se fortaleció porque garantizó el estado de derecho con su libertades[xv]. En el caso concreto de Córdoba, los representantes de todos los partidos políticos le piden a Primatesta una misa por la paz el 4 de Diciembre de 1988, cuando la toma de Campo de Mayo[xvi]. En esa homilía se pidió anteponer la patria a los propios intereses sectoriales, y a utilizar el diálogo como forma de demanda social.
Si bien se entiende la formulación del bien común como algo histórico, hay una concepción ontológica del ser nacional. Para la Iglesia, lo que se reconoce como “identidad nacional” todavía no se ha traducido adecuadamente en estructuras sociales, políticas, económicas y educativas[xvii]. El desafío de la etapa iniciada en 1983 pasa por encontrar ese modelo político que se adapte a nuestro “genio cultural”. En general, la iglesia percibió al gobierno de Alfonsín, la socialdemocracia argentina, como una forma cuando menos extraña de manejar el Estado. A nivel cultural y educativo esto se hace muy marcado. La jerarquía eclesiástica cambia el énfasis de la discusión. Se cambia el concepto de “cristiandad” y “nación católica” por el de “cultura católica”. Se identificó lo católico con lo genuinamente argentino. Aunque esto no signifique intolerancia “institucional” ante otras culturas. Primatesta resalta que el catolicismo cordobés, si bien fue tradicional en sus modos, nunca fue antisemita; en todo caso esto se limitó a personas aisladas.
 
Lo que se pretende es defender este “ser nacional” y por eso se critican ciertas reformas en el ámbito de la educación, “mejorar la enseñanza oficial no debe ser un ataque a la enseñanza privada”, y el auge de la pornografía[xviii]. Inclusive, para el ex obispo de Córdoba, los problemas económicos surgidos en esa época esconden problemas más profundos; son el intento de instalar paradigmas culturales diferentes que pueden cambiar la forma de ser de la patria[xix]. No se puede aprovechar del estado de derecho para cambiar una idiosincrasia, es decir los estilos de vida y los valores de una nación. Hay, camuflados en la democracia, intereses extraños que quieren destruir el ser argentino[xx]. Si bien hay que estar atentos a estos movimientos, se confía en que las reservas morales del pueblo puedan sobreponerse a esto y construir la patria de justicia y libertad que hermane a los argentinos; al final, el ser nacional triunfará sobre las maneras foráneas.
Esta polémica se pone de manifiesto cuando la reforma de la constitución cordobesa. El 26 de abril de 1987 se sancionó la Nueva Constitución provincial. Cuatro meses antes, el 10 de Diciembre de 1986, se dan a conoce las reflexiones de la iglesia de Córdoba sobre el tema. Allí se critica la falta de información en cuanto a las propuestas de los partidos, y las ambiciones sectoriales que pueden poner en riesgo la identidad cordobesa. Según la iglesia de Córdoba, debemos darnos una constitución que responda a la tradición histórica de Córdoba. En este sentido, la nueva constitución no puede ser atea, porque sería desconocer el sustrato cultural e histórico de la provincia. Esta constitución debe preservar la autonomía del Estado y la Iglesia. La iglesia no pone sus esperanzas en el poder civil ni en sus privilegios. La iglesia de Córdoba renunciará a ciertos derechos en pos de purificar su testimonio. Pero entiende que la verdadera laicidad del estado, no es dar la espalda a diversos grupos sociales, sino crear y mantener las condiciones de acceso a los valores religiosos y culturales de todas las personas. En el pluralismo no existen sólo laicistas y positivistas. No se puede confundir pluralismo con permisividad jurídica, se necesitan un mínimo de leyes, en definitiva de unidad, que rija a los ciudadanos: garantizar el derecho a la libertad religiosa, la vida, la salud, la educación integral, la vivienda, la ancianidad y la niñez protegida; recordar los deberes al capital, la propiedad y el trabajo. Estos derechos, según la Iglesia, no se sostienen solo por la positividad jurídica, Dios fundamenta todo derecho. Por eso no se lo puede obviar en la reforma de la carta magna cordobesa.
 
2.2. Social
Son pocas, comparadas con la próxima década, las menciones de problemas económicos en Argentina. La mayoría de ellos aparecen en torno al Plan Austral (junio del 85) y a la crisis de la hiperinflación en 1989. En mayo de 1985, en el documento Consolidar la Patria en libertad y justicia, se habla de la peor crisis económica de la historia, porque se juntan recesión e inflación. La depreciación del salario obrero es crítica, ya que el salario es el único medio para garantizar el acceso a los bienes necesarios para la vida del pueblo trabajador. Por eso debe ser suficiente y justo. No se puede tolerar un modelo económico que no se funde en la dignidad del trabajo, clave de la cuestión social[xxi]. Si bien la defensa en última instancia es al obrero, se asume al sindicalismo como su legítimo representante. Y esto de un modo acrítico. No hay una lectura histórica del movimiento obrero, se idealiza la función del sindicato sin repasar su historia. Habrá que esperar hasta fines de la década siguiente para presenciar el “despegue” de la iglesia con los sindicatos.
Frente a la crisis del empleo, hay que apuntar a soluciones de fondo y no buscar chivos expiatorios. No se puede restringir la inmigración de países vecinos, son pueblos particularmente hermanos. Hay que fomentar en cambio las acciones solidarias en el seno de nuestro pueblo, que ya ha resuelto problemas que parecían indisolubles. Aparece en el documento una mención al problema de la deuda. Se estima que los fondos recibidos en concepto de deuda externa, no siempre han sido usados para el bien del país. Este peso agobiante para el país, no es un problema exclusivamente económico.
Hacia 1988 el episcopado hace pública su preocupación por la pobreza del país[xxii]. En nuestra provincia esta crisis se hace más dura en las zonas marginadas, como Cruz del Eje. En dicha diócesis, la caída de la clase media comienza cuando se cierran los talleres ferroviarios, circa1979. Esta incipiente destrucción del Estado sorprende tanto a la Iglesia como a la misma sociedad civil, que aceptaron el hecho con resignación, como si fuera algo aislado. Luego, cuando el affaire de la fábrica Honda en 1985 y la posterior instalación de Zanella que no empleó a la cantidad de gente prometida, la gente estaba más atenta. Hubo algunos acompañamientos del Obispo Félix Colomé, quien asumió en 1984, y de los párrocos implicados en el caso “Honda”, en el cierre de OLYCON y en el de Cerámica Cruz del Eje. Durante todo este tiempo, Cáritas fue un soporte fundamental de mucha gente. Toda esta crisis social lleva a la diócesis de Cruz del Eje a formar un Equipo de Pastoral Social, integrado por profesionales del medio y algunos curas de parroquias locales. El delegado del obispo en este inicio fue el P. Pedro López, párroco de Serrezuela. La tarea de este grupo fue muy importante para la zona, tanto en la organización de talleres y de encuentros, como en la creación de festivales de verano para juntar fondos y la construcción de viviendas por los sistemas de ayuda mutua.
 
Las críticas fuertes a la dirigencia en general, y política en particular, aparecen hacia fines de esta década. Al principio las relaciones fueron medidas, como las de Primatesta durante el gobierno de Angeloz, o de colaboración estrecha en otros casos como en los primeros años del intendente Esteban en Cruz del Eje. Pero a mediados de la década aparecen las primeras brechas tanto en el interior provincial como en el ámbito nacional. Si bien muchas de estas discusiones no fueron más que un anécdota, comienzan a marcar un distanciamiento que se hará crítico hacia fines del año 2000. Se reprocha a la dirigencia en general la indolencia frente a las necesidades del pueblo, y a la dirigencia política en particular, un desconcierto enorme, atendiendo más a las urgencias electorales que a las carencias reales de la gente[xxiii].
 
2.3. Pastoral
A nivel pastoral “interno”, la Iglesia vivió en esta década un replanteo de sus “políticas”. Primero porque la recuperación de la democracia significó por un lado un renacer de participación ciudadana. Si bien la iglesia sigue siendo la ONG con mayor caudal de voluntarios, entre 1983 y 1989; mucha gente que antes solo podía canalizar sus deseos de participación a través de las organizaciones eclesiásticas, descubre nuevos cauces de inserción comunitaria. Esto se nota principalmente en la pastoral juvenil, la cual fue una prioridad eclesial entre 1980 y 1985, pero que decae luego del cenit que fue el Encuentro Nacional de Córdoba. Posiblemente el deterioro de la clase media, de donde provenían la mayoría de los cuadros juveniles eclesiásticos, haya sido una causa importante también en esta decadencia.
A nivel de la ciudad de Córdoba, se realizó en 1986 el X Sínodo arquidiocesano. El intento de renovar y revitalizar las estructuras temporales de la iglesia no es menor, si se tiene en cuenta que el último sínodo cordobés había sido en 1906. En esta reunión de la iglesia cordobesa participaron 148 personas (92 consagrados, 53 laicos). El objetivo que se propuso fue Evangelizar la cultura e inculturar el Evangelio frente al creciente secularismo de la sociedad, que amenaza a la comunidad cristiana, debilitando su misión en el mundo. La mecánica que se empleo fue la de consultas, diálogos, estudios especiales y reuniones de distintos niveles, que cristalizaron en una serie de propuestas:
1.      Llegar a sectores de adultos que se encuentran al margen de la iglesia; revisar y dinamizar las estructuras pastorales, multiplicar los canales de diálogo con los ambientes más alejados de la iglesia, crear la comisión de Justicia y Paz (como instancia de comunicación con el mundo el diálogo social y político, en torno a la DSI).
2.      La opción por los pobres exige adecuar estructuras y ámbitos para hacer más clara la solidaridad con sus reclamos y la defensa de sus derechos. Internamente, es importante preservar la libertad apostólica señalando situaciones de injusticia, evitando recibir fondos que condicionen la acción eclesiástica. Se recomienda que en los consejos pastorales participen laicos capacitados y competentes.
3.      La revisión de los organismos pastorales debe permitir visualizar una iglesia vital y dinámica, que integre al adulto. Crear una nueva comunidad parroquial, que integre a los diversos grupos barriales, acompañando la formación de comunidades eclesiales de base.
4.      La renovación de la homilía, como una de las formas principales de anuncio, ha sido reclamada con insistencia. El sacerdote deberá prepararla con los laicos de la parroquia. Para la elaboración de la catequesis, debe también tenerse e cuenta los aportes de las ciencias sociales; y las características propias de la cultura cordobesa: los deseos de participación, de amistad, de justicia, promoción de los derechos humanos.
5.      La arquidiócesis tiene necesidad de tener un instituto superior de teología para laicos, que tenga nivel terciario.
6.      La tarea de evangelización debe tener en cuenta los inmigrantes, las madres solteras, las uniones de hecho, los divorciados vueltos a casar, para que no se sientan olvidados de la iglesia ni separados de ella. La evangelización debe estar orientada al compromiso, atender el mundo del trabajo y los medios de comunicación social. Los colegios católicos deben ser una comunidad que de testimonio de los valores y el respeto a las personas.
 
De 1990 a 2002
En esta etapa se sigue insistiendo con la exposición de la doctrina católica sobre diferentes situaciones, pero se la “recuerda” sin “encarnarla”. En general no se arriesga una opinión firme en la coyuntura. A nivel de reflexión teológica, daría la impresión de cierto estancamiento, de repetición doctrinal sin profundización. Lo mismo sucede a nivel “técnico”, de propuestas alternativas concretas. En este sentido, Primatesta hubiera preferido una presencia más fuerte de las universidades de Córdoba. Yo lo he dicho, y lo dije hablando en la universidad a los profesores, que a mí me hubiera gustado una presencia más fuerte de la Universidad, tanto nacional como Católica en frente a ciertos acontecimientos sociales. Nunca hubo una manifestación de advertencia o de mostrar un camino. La idea, más bien, era que la universidad Católica se quedaba en su ambiente dando una formación de tercer nivel teológica fuerte, diría religiosa, a los alumnos en sus aulas, para marcar la presencia que tenía la Universidad como “católica”.
 
1. Teología
Cuando fue la reforma de la Constitución Nacional, la iglesia argentina sigue el esquema marcado por la iglesia cordobesa, que ya había vivido su proceso de reforma. Se insistió en el estado como subsidiario y solidario de la actividad privada (esto es, que no intervenga donde pueden hacerlo los particulares y que si lo haga en donde los ciudadanos no pueden) y en el control constitucional de los actos de gobierno[xxiv]. El razonamiento sería el siguiente: Dios es el origen de la organización social, por lo tanto es el que inspira el bien común, y fuente de autoridad y justicia. Así, Dios se constituye en un límite a la autoridad.
Frente a la reforma, la iglesia pide el derecho de educar en la fe y de ejercer la fe libremente, privilegiar la unidad latinoamericana frente a otros países, y ponerle límites al poder del mercado. Todavía se nota, en este debate, la concepción del “ser nacional” como algo ontológico.
A nivel social, las heridas empezaban a curarse, y la opinión pública había resuelto a su manera el tema de la reconciliación nacional. Los conflictos sociales ya no se leerán en clave del binomio democracia-dictadura. El conflicto más fuerte en Córdoba fue el de la caída de Angeloz, con la quema de la casa radical. La gravedad del acontecimiento provoca una inusual entrevista de Primatesta en LV3, en la que pide mantener la paz como modo de participación social. El Cardenal señala que hubo muchos errores y es preciso corregirlos para salvar a Córdoba, pero la violencia no es un método político aceptable.
Esta misma línea de reconciliación es la que sigue el Arzobispado a tono con lo pedido por el Papa para el Jubileo del año 2000. En la convocatoria al Año Santo, los obispos de la provincia de Córdoba exhortan a trabajar por la solidaridad como modo de sanar un mundo fragmentado[xxv]. Esta reconciliación pasó en parte por el pedido de perdón de la Iglesia argentina en Córdoba, en el Congreso Eucarístico de septiembre del 2000, y también por actitudes más sutiles, pero no menos importantes, como fue la visita de Ñañez al Consejo superior de la UNC. Invitado por el rector Dr. Juri, lo recibió el Consejo Superior en pleno, en un hecho sin antecedentes en la historia reciente de Córdoba[xxvi]. Posiblemente haya sido esta la primera visita de un obispo a la Casa de Trejo después de la Reforma Universitaria.
 
2. Praxis
2.1. Política
Durante esta década, si bien se insistirá en la democracia como forma válida de solucionar los problemas, se avanzará en no entenderla como el mero voto, sino en fundamentarla en la participación política seria[xxvii]. Esta participación será la que condicionará el surgimiento de una dirigencia política de calidad. El problema de la dirigencia política y su capacidad moral y técnica será una de las preocupaciones más constantes de la iglesia en esta segunda década. Las criticas se hacen más fuertes cuando, ante el colapso del modelo, la dirigencia aparece por lo menos desconcertada.
A nivel político, la asunción de Carlos Ñañez como obispo de Córdoba en marzo de 1999, se ve enmarcada en el recambio de autoridades a nivel provincial y nacional. Tanto el nuevo obispo, como el nuevo gobernador, y el nuevo presidente, son los que están a cargo mientras el modelo neoliberal se derrumba. A nivel provincial, si bien Ñañez conservó un perfil más bajo que Primatesta, el clero cordobés se hizo mucho más crítico de la gestión del ejecutivo provincial. En su primer Te Deum, Carlos Ñañez insistió en la necesidad de prudencia para tomar en cada momento las decisiones acertadas y para asumir las actitudes más convenientes; en elegir los medios apropiados para llegar a los objetivos anhelados. Pero, junto con esta capacidad “técnica”, se enfatiza el aspecto moral. Para Ñañez, todo hombre político, en especial el funcionario público, necesita tener fortaleza. No desalentarse frente a la falta de credibilidad que muchas veces se insinúa en la sociedad y que es el resultado de realizaciones imperfectas de la vocación política[xxviii]. Esta idea, participar en el quehacer político aunque esté desprestigiado, será mantenida por Ñañez en el X Encuentro de Constructores de la Sociedad en Tanti. Según el doctor Pedro J. Frías, estos encuentros iniciados en la década del ’90, cristalizan las grandes líneas de la actuación de la Iglesia en lo que hace al terreno político, la formación de la dirigencia social y política. La repercusión de los mismos fue muy variada según los concurrentes y las coyunturas en que se realizaron.
Con la llegada de Carlos Ñañez a la arquidiócesis de Córdoba, el espacio de debate político será asumido por la oficina de Pastoral Social, a cargo del padre Horacio Saravia; mientras que Cáritas, a pesar de algunas discusiones por las ayudas a los comedores, se mantendrá en la acción directa. En los últimos tiempos la tarea de Cáritas Córdoba, si bien mantiene la ayuda inmediata, ha ido creciendo hacia la promoción social y la generación de proyectos auto sustentables.
 
A nivel de Episcopado Nacional, y de la diócesis de Córdoba en concreto, el énfasis en la falta de capacidad de la dirigencia se hace crítico hacia los primeros meses del año 2000. En el Te Deum del 25 de mayo de 2000, el obispo de Córdoba afirmará que sostener la democracia y fortalecerla implica el diálogo entre las autoridades y el pueblo, la obligación del gobierno de atender los reclamos de la gente. Esto significa buscar políticas económicas y sociales de largo alcance, que lleven esperanza a las personas.
Durante el 2001, los obispos critican la crisis de valores en general y la falta de capacidad y de “altura moral” de la dirigencia en particular. Los partidos políticos se han desdibujado y no se percibe una escala de valores que los rija. La dirigencia argentina no está a la altura de las circunstancias. La falta de representatividad de los partidos y los sindicatos amenazan la democracia, tanto como las diferencias sociales escandalosas. El país carece de poder político y de un proyecto definido. Los planes son parches a una situación estructural.
Esta crítica se hace muy dura a nivel del ejecutivo provincial. Según algunos observadores, el gobernador De la Sota cree que la iglesia perdió espacio, no le adjudica la influencia que sí le otorgaba Angeloz. Si bien Martí se quejó del Obispado cuando el P. Martorell presionó a favor de Oca y el grupo Yabrán, en lo que fue el bochorno más lamentable de la Iglesia cordobesa en los últimos 10 años; fue Olga Riutort, secretaria de la gobernación y esposa del gobernador, quién se enfrentó abiertamente con Cáritas y la Pastoral Social. Por su parte, los grupos de iglesia que trabajan a nivel de base, critican ferozmente la política del ejecutivo cordobés. En documentos internos, lo acusan de utilizar mal intencionadamente técnicas de comunicación para ocultar la envergadura de los problemas de la provincia; acomodando su actividad política al ritmo de la perspectiva presidencial que se atribuye. La crítica es fortísima, pues se considera que Córdoba carece de un plan serio, y se juzga toda la actividad como una seducción dolosa. La situación real de la provincia es de iliquidez, quiebra de empresas, descreimiento de la dirigencia. En esta crítica se incluye al movimiento obrero provincial, dividido en cuatro; y a una legislatura que actúa corporativamente[xxix].
La crítica al sindicalismo es significativa porque marca las primeras críticas a la, hasta entonces, incuestionada representatividad de sus dirigentes. Si bien ese documento, que no representa la opinión oficial de la iglesia, avanza en reconocer la pobreza como un problema de estructuras; no termina de puntualizar cuáles problemas de la provincia son atribuibles al gobierno presente, cuáles al pasado y cuáles a la crítica situación argentina del año 2001.
 
La crisis de Diciembre de 2001 encontró a la Iglesia argentina en la tarea de construir un espacio de diálogo, junto con la delegación local de la ONU. Esta relación, inimaginable un par de años atrás, muestra por un lado la madurez de la iglesia al “ceder” parte de su “rol mediador”; por otro lado, nos deja ver la magnitud de la debacle que fue ignorada por la dirigencia nacional[xxx]. Fruto de este diálogo surgió un documento borrador, Consensos para las reformas, que fue retomado en la asamblea del episcopado en abril de 2002. La declaración, Testigos del diálogo, avanza en la necesidad de continuar con el diálogo intersectorial, en el cual la iglesia ofrece el ámbito espiritual. El objetivo de fundar un tiempo nuevo requiere la renuncia a los intereses sectoriales y corporativos que son calificados como la gran enfermedad argentina[xxxi].
Además del Te Deum del 25 de Mayo, la iglesia de Córdoba presentó una declaración del Consejo Presbiteral en el que piden un gesto de grandeza para concretar los consensos frutos del diálogo. En este pronunciamiento, leído en las misas de la fiesta del Corpus Christie el 31 de Mayo de 2002, se criticó la corrupción y el clientelismo político, en el contexto de la denuncia por irregularidades en el otorgamiento de la ayuda social del Estado que miembros de Pastoral Social le hicieron al gobierno provincial.
Una discusión fuerte con el gobierno provincial se desató el 1 de diciembre de 2002, cuando se conoció la carta pastoral Nacer a un tiempo nuevo, en el marco del tiempo litúrgico del Adviento. Allí se marcaba la gravedad del problema de la pobreza y la exclusión y se indica a la corrupción como uno de los causantes de este mal. La carta, leída en todos los templos, motivo una respuesta pública, en una solicitada en los diarios, del gobernador de Córdoba, quien la interpretó como una acusación de corrupción sobre algunos miembros de su gobierno.

2.2. Social
Es importante, en este plano más teórico, notar un cambio de perspectiva en los últimos documentos, en donde se reconoce a la pobreza como producida por el modelo, que afecta a la mayoría de la población. No es un efecto marginal que hay que combatir, sino una estructura que hay que cambiar. Se reconoce, y se insiste, en la gente marginada como sujeto de cambio y no como mero destinatario de los programas sociales.
El deterioro social y económico en el que el modelo neoliberal ha sumido al país es el motivo principal de preocupación en la iglesia en los últimos diez años. La primera crítica fuerte la podemos ubicar en 1991, cuando Primatesta afirma que la seguridad social, la seguridad del futuro como fruto del trabajo propio, es una exigencia del orden natural. Las necesidades de los jubilados son solo de justicia, porque reclaman dineros que se fueron sin saber a dónde, pero que se aportaron durante una vida de trabajo. La crítica situación social es “pecado”, porque no tiene piedad frente a los más débiles, los enfermos, jubilados, etc. A la situación la agrava, según Primatesta, la evasión impositiva. El obispo pide, en los primeros meses de la convertibilidad que se elaboren leyes que respeten el bien común, a los más pobres y los más débiles[xxxii]. Tres años después, en 1994, se pide al gobierno que revise su política distributiva. Lo novedoso es que se asocia la consolidación de la democracia a una distribución más equitativa de la riqueza; y se enfatiza la función del poder político sobre los mercados[xxxiii]. Años más tarde, en marzo de 1996, la Comisión Episcopal de Pastora Social, presidida por Primatesta, entregará al presidente Menem un documento firmado por Guillermo García Caliendo, secretario del Cardenal. En el informe le exponen a Menem la necesidad de flexibilizar y humanizar el sistema, que el costo social debe ser equitativo, y se debe mejorar la distribución del ingreso. Según el documento, no se vislumbra un desarrollo de las economías regionales, el sistema bancario no está apoyando el crecimiento, y esta en quiebra el sistema de salud[xxxiv]. La critica al modelo también se manifestó en el apoyo a los movimientos sociales de reclamo. Posiblemente el más importante en nuestra provincia haya sido el de Cruz del Eje, cuando un movimiento social que reunía prácticamente a toda la ciudad cortó las rutas provinciales en mayo de 1997. En todo este movimiento la participación del obispo, del P. Tito Zappia y de la Hermana Marta, ayudaron a mantener la calma y la prudencia en momentos de tensión política muy fuerte.
Paralelamente a esta denuncia en el plano político, surge una labor enorme de diferentes grupos, Cáritas en especial, a nivel de asistencia concreta. Esta actividad, que había sido común frente a situaciones extraordinarias (las inundaciones en diferentes lugares, o la tragedia de San Carlos Minas en enero de 1992) se transforma en permanente a partir de 1995 y el “Tequila”. Los comedores de Cáritas, la acción de la hermana Theresa Varela, y numerosos emprendimientos locales, ayudan a la gente a recibir al menos un plato de comida. Si bien es cierto que en muchos casos Cáritas recibe una ayuda del estado provincial o nacional para atender los comedores, es también cierto que la ONG católica reemplaza la tarea de un estado ineficiente y clientelista a la hora de distribuir asistencia básica.
A comienzos de 2001, la crítica se agudiza. Ya no se trata de coyunturas. Los excluidos y los desocupados son un problema moral; no habrá crecimiento genuino sin equidad social. La pobreza y la exclusión social muestran que el país esta en decadencia; que nuestra democracia es formal y no real. La miseria es una nueva forma de esclavitud que atenta contra los derechos de los hombres. El gobierno, en manos del área más economicista, no mira el problema social; según la iglesia, la tarea del gobierno no puede reducirse a cerrar las cuentas para tranquilizar a los mercados. La lentitud a la hora de aplicar soluciones también es una injusticia social. Esta crítica, dramática hacia julio de 2001, fue “desactivada” por el presidente De la Rúa al coincidir con el reclamo eclesial: la crisis apareció como una catástrofe natural que no tiene responsables.
 
Durante estos años los temas de educación y las leyes de salud reproductiva han sido un motivo de roce entre con las autoridades políticas. En cuanto al tema de salud reproductiva, si bien hubo una carta privada de Primatesta a Angeloz[xxxv], es el comunicado de los obispos de Córdoba el que marca un contrapunto importante con el ejecutivo provincial[xxxvi]. El 17 de abril de 1996 se votó un proyecto de ley que implica el reparto gratuito de anticonceptivos y la adhesión de los municipios. Según los obispos, quienes recuperan así los argumentos de la izquierda católica en los años ’60, en el fundamento de este proyecto de ley esta la incapacidad del Estado para combatir la pobreza: el proyecto de ley procura acercar anticonceptivos a las personas carenciadas para que no tengan descendencia; se combate a los pobres en lugar de combatir la pobreza. El motivo de esta ley no está en una razón humanitaria, sino en los dictados de los organismos multilaterales de crédito. El proyecto no solo ataca a la institución familiar marginando a los padres de la educación sexual de los hijos; sino que atenta contra la salud de la población, ya que los anticonceptivos artificiales pueden causar enfermedades o trastornos de diversa gravedad. Se afirma que con esta ley, se obliga a los ciudadanos a solventar con sus impuestos un programa estatal inmoral, ya que se excluyó expresamente la objeción de conciencia de los agentes estatales. Los obispos advierten a la población que una ley inicua como esta no obliga en conciencia; y, como el proyecto no figuraba en ninguna propuesta preelectoral, reclama el examen sobre las futuras actitudes electorales de los fieles cordobeses. La misma crítica se escucha en 1997, con motivo del debate sobre planificación familiar, aunque aquí se pone énfasis en la responsabilidad del hombre frente al don de la vida[xxxvii]. Hacia fines del año 2000, cuando surge el debate en torno a la píldora “del día después”, Ñañez afirma que la iglesia no aceptará métodos anticonceptivos que sean irreversibles.
 
En cuanto al tema educativo, la crisis más aguda se produjo durante el gobierno de Ramón Mestre. La reforma educativa iniciada por Angeloz fue objeto de una declaración de los obispos en marzo de 1995. Los obispos de Córdoba afirmaron entonces que la transformación educativa no puede ser un mero cambio de formas; debe ser profunda y creativa, con criterios de unidad nacional, que de respuestas a la situación actual. La educación, concebida como un bien social y común que está por encima de los intereses políticos, no puede estar supeditada a la ideología de cada sector. El estado no puede intervenir de modo autoritario. El principal subdesarrollo es no darle a la educación el lugar que le corresponde. Una educación de calidad se apoya en valores, y no en planteos economicistas o metodológicos el eficientismo no es el único criterio. La iglesia, en resguardo al derecho a la libertad de enseñanza, afirma que aporte estatal a las escuelas de gestión privada es el reconocimiento constitucional del derecho de las familias y de las personas a participar del presupuesto educativo. Por otra parte, no puede haber reforma si los docentes se ven desvalorizados y mal pagados[xxxviii].
En agosto de 1996, con la reforma educativa en curso, nuevamente los obispos provinciales emiten un comunicado. En esta ocasión afirman que la reestructuración del Sistema Educativo Provincial conduce a la desigualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo, por el cierre indiscriminado de Servicios Educativos. Esto además significa docentes sin trabajo, sin posibilidad de ser reubicados. Por la improvisación en la implementación de la transformación, numerosas comunidades quedan sin el ciclo de especialización, con un sistema de capacitación y perfeccionamiento inadecuado y en algunos casos ausentes. Los obispos se pronuncian por la participación contra el dirigismo gubernamental, el derecho de las familias a elegir, igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad para todos; que la educación no contribuya al desarraigo; que la transformación sea serena y gradual, en diálogo abierto y respetuoso, aplicando la Ley Federal de Educación; y por una transformación educativa apoyada en el humanismo integral. Para Primatesta, este fue el momento más difícil en la relación con las autoridades provinciales que le tocó vivir en esta década, el momento más tenso por lo que recuerdo fue en el ‘97, con el tema de la educación. Los obispos de la provincia fuimos a visitar a Mestre, tuvimos una audiencia con él. En esa reunión, en la cual estuvieron los delegados del Consejo de Educación, se plantearon diversas cuestiones. Habíamos ido a la casa de gobierno para ver, para encontrar un camino. Hubo una manifestación muy grande a favor de la educación, con apoyo de los padres, se juntó mucha gente. De hecho luego se calmó toda la dificultad a propósito de la enseñanza, del régimen de las escuelas privadas, etc.[xxxix]
 
2.3. Pastoral
A nivel pastoral, en esta década se consolidan los cuerpos “consultivos” en las parroquias de la provincia, aunque en diverso grado. La creación de los Consejos Pastorales, si bien no funcionan acabadamente en todo el ámbito provincial, es una de las características pastorales de estos últimos años. Respecto a los que se conoció como “Nueva Evangelización”, esta misión católica renovada en sus contenidos y en sus métodos con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, la arquidiócesis de Córdoba no quiso adoptar un plan distinto al propuesto por el Episcopado en las Líneas pastorales para la Nueva Evangelización[xl]: la predicación de la fe en un mundo secularizado y la promoción de una justicia demasiado largamente esperada. Estas líneas se repetirán en los documentos relacionados con el jubileo. Según el mismo Primatesta, desgraciadamente no se avanzó más que en la enunciación de estas propuestas, no se trató de implementarlas, se habló y se archivó. La pastoral estuvo centrada en las parroquias, las que según los casos coordinaban el trabajo de diferentes grupos o movimientos (Acción Católica, Liga de Madres, Movimiento Familiar Cristiano, etc.), que en muchos casos fueron el instrumento de formación de los “cuadros” laicos. En la vida parroquial, el responsable en concreto ha sido el cura a cargo que, según la mayoría de las personas consultadas, han tenido mucha libertad para canalizar sus inquietudes y sus concepciones en torno a la organización parroquial. En general la pastoral se ha limitado a una administración de sacramentos, aunque no siempre muy cuidada. Es un lugar común la crítica de la feligresía católica a la calidad de las homilías de sus pastores y al poco cuidado de la liturgia.
 Un paso importante en la participación del pueblo de Dios en la vida institucional fue el proceso de consulta impulsado por Ñañez a la hora de confeccionar la carta pastoral del Adviento de 2002. En un hecho sin precedentes en la Iglesia de Córdoba, el obispo mandó una invitación a sugerir temas y modos de encararlos en la mencionada carta. Tal vez éste haya sido uno de los motivos de la repercusión que el documento tuvo en la ciudad.
 Así como la década anterior tuvo una fuerte impronta de la pastoral juvenil, esta década ha estado marcada por las mujeres de más de cuarenta años quienes, en general, son la mayoría de los agentes pastorales de la iglesia. Posiblemente esto tenga que ver con el perfil más asistencial que ha cobrado la iglesia en la última década, y con lo que en algunos círculos se denominó feminización de la pobreza. La mujer de clase baja y media-baja ha sido la que más ha sufrido el empobrecimiento del país, en este sentido no es extraño que ella haya sido la que más solidariamente se haya volcado a las actividades de asistencia a los marginados[xli].
Conclusiones
En estos veinte años, la Iglesia frente al Estado se asume como el interlocutor que representa a la sociedad. Se parte de la hipótesis de que el “ser nacional” o la “identidad nacional” es católica. Entonces, si la sociedad es católica, la Iglesia habla en su nombre. En su auto comprensión, la Iglesia no es una voz sectorial, sino social. Cuando la voz de la Iglesia coincidió con el humor social, la Iglesia efectivamente habló en “representación”; esto se nota en los últimos 10 años y en sus críticas al modelo, acompañadas por la acción de Cáritas. Pero cuando su voz no es representativa, surgen ruidos que la Iglesia en tanto que actor social, no termina de entender; esto ocurrió en los primeros años analizados aquí, cuando se criticó su accionar ante la desaparición de personas, o con los temas de salud reproductiva o de educación católica. No se asume como una minoría social, como un sector. También se le presenta un conflicto en la interpretación de la actitud de gente bautizada y comprometida con la institución que no coincide con la jerarquía en estos aspectos. Esta actitud, de laicos y algunos consagrados, se vive como un desafío a la autoridad, como un problema de disciplina, y no como una oportunidad de acercarse a escuchar lo que podría ser un “signo de los tiempos”.
La iglesia padece cierto individualismo institucional. En algunos temas se defiende a sí misma frente a otros colectivos, pretendiendo defender el bien común; hay un recurso constante a la comunión de la iglesia, al concepto de cuerpo, pero a veces pareciera que se defiende más la visión corporativa de una jerarquía, que a su vez, es elegida al margen de las iglesias locales. Subyace a esta actitud una concepción eclesiológica preconciliar, que no tiene que ver con lo generacional. No siempre las caras nuevas en la Conferencia Episcopal significan un nuevo modo de comprender la Iglesia.
 
En todo este proceso de marcar una distancia respecto de la dirigencia política, tal vez haya faltado, de parte de la autoridad eclesiástica, una autocrítica seria a su propia labor como dirigencia social en Argentina. Si bien se pidió perdón por la actuación de algunos miembros de la iglesia en la época de la dictadura, no se evaluaron las actitudes específicas de la jerarquía en esos años, ni se examinó la conducta de los obispos en tanto dirigencia nacional. Me refiero con esto a la falta de propuestas alternativas concretas de los organismos católicos, la falta de una reforma que haga más austera la vida de la iglesia, la representatividad de los mismos obispos, la participación genuina de la gente en los procesos de tomas de decisiones. En cierto modo, cuando los obispos critican a la dirigencia interpretan el sentir de un basto sector social, pero se olvidan de que ellos mismos son una dirigencia social especialmente importante en la dinámica argentina.
Desde el punto de vista institucional, de la vida interna de la iglesia, se desprende del trabajo con los documentos que no siempre que se habla de iglesia se habla del pueblo de Dios; si la gente confunde “iglesia” con “jerarquía”, es que hay algo de eso en la misma jerarquía, en sus modos de actuar, en los procedimientos y el ejercicio de la autoridad; un ejemplo de esto fue el escaso apoyo que se le dio a la continuidad del Diálogo Argentino, una vez que los obispos dejaron las sillas a los laicos.
Hay un lenguaje de documento, un estilo literario, que está agotado, que nadie entiende, endogámico e incestuoso que termina siendo incomprensible por autorreferencial. Más aún, las palabras están exhaustas. Tal vez sea hora de signos y gestos institucionales concretos y no de declaraciones. Hay temas en los que ya no queda mucho más por decir. Se describe la realidad con mayor o menor acierto, pero la institución no se implica en la proyección de un intento de solución. No es una lectura “desde dentro” del problema, que implicaría un proceso interno de conversión.
 
La iglesia dejó de ser fuente de legitimidad de los gobiernos de facto, al fortalecerse los gobiernos civiles. Pero sigue siendo una institución de prestigio, creíble. Posiblemente la razón de esta ascendencia se puede entender por tres razones: primero, también fue víctima de la represión, aunque el comportamiento de la jerarquía del momento no haya sido el esperable; segundo, frente al “Estado Desertor” la iglesia asume el rol de la seguridad social con Cáritas; tercero, frente a la crisis de representatividad, la iglesia es mediadora en conflictos sociales, en reclamos sindicales y políticos, en pedidos de justicia, reclamos de tierras, asentamientos marginales, etc[xlii]. La iglesia sigue teniendo un papel de “reserva moral” al cual se acude en momentos de crisis.
Que la iglesia siente a la dirigencia política y social a dialogar no es poco; pero es “asistencialismo” político, el equivalente a dar de comer al hambriento. La colaboración fecunda con la democratización efectiva tiene que pasar por una conversión en las propias estructuras eclesiales: es allí en donde se pueden formar ciudadanos, los modos de participación laical en las estructuras pastorales puede ser un semillero de actitudes democráticas. Mucha gente participa en algún grupo de iglesia, algunos hablan de un 40% sobre el total de gente que participa, tal vez conformen la primera minoría de militantes de ONG. El problema está en el trato cotidiano que la gente recibe: la arbitrariedad del encargado, el paternalismo sacerdotal, la falta de memoria histórica de los que llegan y la inercia institucional de los que ya están. Nuestro “modo político” de proceder en las parroquias, en las escuelas, en la universidad, suele ser arbitrario, paternalista, no democrático. Si estas estructuras de funcionamiento cotidiano no se modifican, ¿cómo enseñarle a la gente que no vote mesianismos políticos, caudillos demagógicos, paternalismos corruptos? Las instituciones políticas son el fruto de una trama de intereses, son la cristalización de una lucha, del momento histórico de una sociedad. Las instituciones reflejan la vida social. El problema es, entonces, nuestra vida en común. Creo que una profundización en los modos de participación eclesiales contribuiría, indirecta pero sólidamente, a la construcción de la Comunidad Nacional.
 
Mientras desde posiciones parroquiales y educativas se insiste mucho en el compromiso cristiano, no pocas veces se disuade de la vinculación política concreta. Otras veces se motiva la participación responsable del cristiano en política, pero se “exige” que ese espacio “responda” a la jerarquía. Con frecuencia, los laicos que trabajando en instituciones de la iglesia se comprometen fuertemente con lo social y político, a la hora del conflicto o de agudizar posturas, se ven limitados como si fueran consagrados. Hay algunas quejas en la provincia referidas al apoyo y al acompañamiento de los obispos cuando los curas o algunos laicos han tenido una fuerte exposición pública, en general por alguna diferencia con las autoridades.
La relación con los medios de comunicación social sigue siendo una asignatura pendiente de la iglesia en el nivel institucional. Por un lado, la iglesia no se ha preocupado de cultivar la relación con los medios, o directamente no les ha dado la importancia que tienen como formadores de opinión; por otra parte, los medios nunca ha especializado gente en temas de iglesia, y en general son bastante imprecisos cuando se trata de informar de estos temas. Si bien esto ha empezado a cambiar en los últimos años, ha sido una constante en los veinte años que repasamos aquí.
Otra de las cuestiones en las que falta una respuesta actualizada tiene que ver con la capacitación de los agentes pastorales. Se han hecho esfuerzos con diversos institutos de ciencias sagradas, en los que se capacita a religiosos y religiosas y a los laicos interesados en dar clases o cultivar un poco más su fe, pero aparecen un poco desarticulados y superpuestos. En general, los sacerdotes carecen de títulos universitarios, limitándose su formación a lo capacitación teológica básica. Algunos laicos, consultados para este trabajo, notaron cierto desinterés de los curas por el mundo intelectual y el estudio serio, posiblemente en beneficio de las urgencias pastorales que tiene la diócesis. En este sentido, hay a mi entender un problema que tiene que ver con la “racionalización” de los recursos con los que se cuenta, ya que en Argentina hay más de 40 casas de estudios teológicos, entre seminarios del clero diocesano y de las órdenes religiosas. La cuestión sería si la masa crítica de alumnos es suficiente para mantener semejante estructura.
 
La crisis social argentina ha arrastrado a la política. No se vislumbran salidas por lo político, no hay propuestas que ayuden a superar la aporía. Creo que la salida de esta situación será por lo social, por la reconstrucción de la sociedad civil, incluso al margen del estado. Si esto es así, la próxima reflexión teológica no partirá desde lo político y las relaciones iglesia Estado, sino desde lo social, y de las relaciones de la iglesia con la comunidad. Si la idea de Nueva Cristiandad partía del debate por el poder en la tierra y de la forma de influir en él, de la legitimación que la iglesia podía ofrecerle al poder civil; la crisis social y la oferta de asistencia de la iglesia ante la misma posiblemente de lugar a otra concepción de la iglesia distinta. Esto sólo pasará si la iglesia resiste a la tentación de capitalizar, en términos de prestigio político, esta ayuda. Tal vez los próximos veinte años muestren una salida por lo social para la iglesia en Córdoba y su concepción teológico política.
 
 
 
Bibliografía

Arquidiócesis de Córdoba, Actas del X Sínodo arquidiocesano 1986.
 
Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Carta a Angeloz con motivo de la ley 6222 de salud humana, con fecha del 23 de Diciembre de 1994.
----, Carta de los obispos de Córdoba a los candidatos por el tema educativo, marzo de 1985.
----, Declaraciones de Primatesta en reunión con los MCS, 27 de Diciembre de 1994.
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----, Exhortación del Arzobispo de Córdoba, 24 de junio de 1984.
----, Homilía, 14 de julio de 1991.
----, Informe de prensa de la comisión episcopal de pastoral social, 18 de marzo de 1996.
----, Te Deum del 25 de mayo de 1999.
----, Visita de Ñañez a la UNC, 4 de noviembre de 1999.
 
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Caminos de esperanza, 16 de abril de 1988.
----, Consolidar la patria en la libertad y la justicia, 11 de mayo de 1985.
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Comunicado de los obispos de Córdoba del 19 de abril de 1996.
 
Di Stefano, Roberto, Zanatta, Loris; Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX, Grijalbo Mondadori, 2000, Buenos Aires.
 
Obispos de Córdoba, La cultura de la vida y la planificación familiar, Comunicado de los obispos de la provincia de Córdoba, del 5 de Octubre de 1997.
----, Carta pastoral de los obispos de la provincia de Córdoba, A las puertas del gran jubileo, 8 de diciembre de 1999.
 
Sin firma, Situación política y económica de la Arquidiócesis de Córdoba, borrador de trabajo, año 2000.
 

Entrevistas a
Cardenal Primatesta obsipo emérito de Córdoba, Dr. Pedro J. Frías y de Jorge Velasco, de la Arquidiócesis de Córdoba; y del Dr. Ricardo Seco de la diócesis de Cruz del Eje.


 Notas
[i] CEA, 9 de mayo de 1981.
[ii] El contexto de la asunción de Primatesta es importante, pues puede ayudar a entender en parte su actuación a cargo de la diócesis de Córdoba. Primatesta asume en 1966 la conducción de una Iglesia muy conflictuada, muy herida. Comenzó su tarea pastoral enfriando los ánimos, calmando a los grupos que se habían enfrentado con Monseñor Castellano, tratando de reconciliar a la gente. En este sentido, su trabajo tuvo un fuerte contenido “político”, en el sentido de buscar y construir consensos.
[iii] CEA, 9 de mayo de 1981. Según José Ignacio López, en su artículo en La Nación del domingo 8 de Febrero de 2004, Enfoques, p. 4, este documento sigue siendo el fundamento del actuar eclesial en este comienzo de siglo.
[iv] del 13 de abril de 1984.
[v] Caminos de esperanza, CEA, 16 de abril de 1988.
[vi] Iglesia y Comunidad Nacional
[vii] Democracia, responsabilidad y esperanza, CEA, 13 de Abril de 1984.
[viii] Exhortación del Arzobispo de Córdoba, 24 de junio de 1984, Boletín oficial de la Arquidiócesis.
[ix] Consolidar la patria en la libertad y la justicia, CEA, 11 de mayo de 1985.
[x] Caminos de esperanza, CEA, 16 de abril de 1988.
[xi] Consolidar la patria en libertad y justicia, CEA, 11 de mayo de 1985.
[xii] Iglesia y comunidad nacional,
[xiii] Democracia, responsabilidad y esperanza, CEA, 13 de abril de 1984.
[xiv] Democracia, responsabilidad y esperanza, CEA, 13 de abril de 1984.
[xv] Caminos de esperanza, CEA, 16 de abril de 1988. La toma de Montecaseros en Corrientes fue en Enero de 1988, comandada por Rico.
[xvi] El gobierno de Alfonsín estuvo signado por los alzamientos de militares “Carapintadas”: en abril de 1987, en Semana Santa, Rico se subleva en Campo de Mayo; lo mismo hace en enero de 1988 en Monte Caseros, Corrientes. En diciembre de 1988 se alza Seineldín en Campo de Mayo. Al mes siguiente, enero de 1989, y con el argumento de prevenir un golpe de Estado, el Movimiento Todos por la Patria con Gorriarán Merlo a la cabeza, toman el cuartel militar de La Tablada, provincia de Buenos Aires. Dos años más tarde, en diciembre de 1990, ya con Menem en el gobierno, Seineldín encabezó el último y más sangriento amotinamiento militar carapintada.
[xvii] Iglesia y comunidad nacional,
[xviii] Democracia, responsabilidad y esperanza, CEA, 13 de abril de 1984.
[xix] Exhortación del arzobispo de Córdoba, 24 de junio de 1984. La misma afirmación aparece en Caminos de Esperanza, CEA, 16 de abril de 1988.
[xx] Consolidar la patria en libertad y justicia, CEA, 11 de mayo de 1985.
[xxi] Consolidar la patria en libertad y justicia, CEA, 11 de mayo de 1985.
[xxii] Caminos de esperanza, CEA, 16 de abril de 1988.
[xxiii] Caminos de Esperanza, CEA, 16 de abril de 1988.
[xxiv] Iglesia y reforma constitucional, CEA, 27 de octubre de 1993.
[xxv] Carta pastoral de los obispos de la provincia de Córdoba, A las puertas del gran jubileo, 8 de diciembre de 1999.
[xxvi] Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Visita de Ñañez a la UNC, 4 de noviembre de 1999.
[xxvii] Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Declaraciones de Primatesta en reunión con los MCS, 27 de Diciembre de 1994.
[xxviii] Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Te Deum del 25 de mayo de 1999.
[xxix] Situación política y económica de la Arquidiócesis de Córdoba, borrador de trabajo, año 2000.
[xxx] Dice José Ignacio López, participante de esta experiencia, en el artículo antes citado: El compromiso asumido entonces constituye un hito pastoral: es el que abrió el espacio para una mayor participación del laicado y derivó en la construcción de un espacio interreligioso inédito.
[xxxi] Testigos del diálogo, CEA, 27 de abril de 2002.
[xxxii] Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Homilía, 14 de julio de 1991.
[xxxiii] Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Declaraciones de Primatesta en reunión con los MCS, 27 de Diciembre de 1994.
[xxxiv] Boletín Oficial de la Arquidiócesis, Informe de prensa de la comisión episcopal de pastoral social, 18 de marzo de 1996.
[xxxv] Carta a Angeloz con motivo de la ley 6222 de salud humana, con fecha del 23 de Diciembre de 1994.
[xxxvi] Comunicado de los obispos de Córdoba del 19 de abril de 1996.
[xxxvii] La cultura de la vida y la planificación familiar, Comunicado de los obispos de la provincia de Córdoba, del 5 de Octubre de 1997.
[xxxviii] Boletín oficial de la Arquidiócesis, Carta de los obispos de Córdoba a los candidatos por el tema educativo, marzo de 1985.
[xxxix] Entrevista concedida para este artículo, el 27 de junio de 2001.
[xl] CEA, 1990?
[xli] Agradezco en este artículo los aportes del Cardenal Primatesta, del Dr. Pedro J. Frías y de Jorge Velasco, de la Arquidiócesis de Córdoba; y del Dr. Ricardo Seco de la diócesis de Cruz del Eje.
[xlii] Di Stefano, Roberto, Zanatta, Loris; Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX, Grijalbo Mondadori, 2000, Buenos Aires.
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